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Paso 5

Formular indicadores y metas

Las acciones que incluyan cambio climático deberán presentarse a manera de proyectos financiables, con una duración determinada, identificando metas de impacto y de resultado. Estos indicadores permitirán que los gobernadores y alcaldes visibilicen las acciones y proyectos que han implementado, tanto durante como al final de su gestión.

  • Los indicadores permitirán al gobierno nacional alimentar los sistemas de monitoreo, reporte y verificación de las metas nacionales de mitigación y adaptación. Los sistemas actualmente están en construcción. Se contará con un Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación para las acciones de mitigación, conformado por el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de GEI (RENARE), el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) y el Sistema Nacional de Inventario de Gases Efecto Invernadero (SINGEI), y con un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Adaptación al Cambio Climático.

Ejemplo de indicadores de seguimiento para cambio climático

Los indicadores permitirán alimentar los sistemas de monitoreo, reporte y verificación de las metas nacionales de mitigación y adaptación. Los sistemas actualmente están en construcción.

  • Se recomienda que los esquemas de seguimiento de los programas o acciones definidos en los planes de desarrollo estén alineados con lo propuesto dentro de los PIGCCT y PIGCCS.
  • Para facilitar el seguimiento de los indicadores y su inclusión en los sistemas de monitoreo, reporte y verificación, se propone diseñar y diligenciar una matriz que contenga la información del proyecto y su estado de avance.

Paso 1

Revisar fuentes de información

Revisar si el departamento, municipio o ciudad cuentan con un Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT)

La Ley 1931 de 2018, por la cual se establecen las directrices para la gestión del cambio climático, dispone que las autoridades departamentales incorporen la gestión del cambio climático dentro de sus planes de desarrollo a través de la formulación de un Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT) (Art. 8). En caso de que el departamento no cuente con un PIGCCT, su formulación debe ser incluida en el Plan de Desarrollo. Las autoridades municipales y distritales incorporarán la gestión del cambio climático dentro de sus planes de desarrollo teniendo como refencia los PIGCCT y los planes integrales sectoriales (Art. 9).

  • Identificar los sectores que más aportan a la gestión del cambio climático
  • Examinar la información suministrada por las autoridades ambientales

Paso 2

Realizar un ejercicio participativo con la comunidad

Involucrar diversas instituciones públicas y privadas, así como a representantes de la sociedad civil en la elaboración del Plan de Desarrollo

Cada actor puede promover acciones desde su visión de cambio y vincular información y conocimiento científico con el saber local y ancestral. De esta forma, se puede obtener retroalimentación y complementar el ejercicio de análisis de identificación de problemas y oportunidades asociadas con el cambio climático, con el propósito de obtener aportes que coadyuven a la construcción de la visión de desarrollo sostenible de largo plazo del territorio.

Identificar las competencias de cada uno de los actores del territorio y mapear los proyectos de cambio climático que se están llevando a cabo

Articular esfuerzos para la gestión del cambio climático, identificando cuáles actores del territorio tienen las capacidades requeridas para promover acciones de adaptación y mitigación, con el fin de definir cómo articular o complementar sus competencias y difundir sus avances.

Este ejercicio participativo permitirá identificar las acciones que posteriormente van a incluirse en los ejes estratégicos de los planes de desarrollo.

Paso 4

Movilizar recursos

El cambio climático debe ser transversal a la gestión sectorial territorial. Los gobernadores y alcaldes deben destinar recursos propios de sectores como agricultura, infraestructura y movilidad, más allá de los esquemas ambientales establecidos en la Ley 99 de 1993. La gestión transversal del cambio climático permite la canalización de las finanzas hacia la inversión en acciones que puntuales de mitigación de GEI y/o adaptación que se circunscriben dentro de cada uno de los sectores y benefician su desempeño.

El DNP estima que, en el largo plazo, el 62% de las inversiones en cambio climático debería provenir del sector privado y el 38% del sector público. El objetivo final de la movilización de recursos públicos para acciones que impulsen un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima debe ser catalizar la inversión privada.

Los recursos de inversión provenientes de las gobernaciones, ciudades y municipios pueden mezclarse con otras fuentes financieras a lo largo del proceso de planeación y ejecución de los proyectos, de acuerdo con los niveles de riesgo que se maneje.

Fuentes de financiamiento nacionales

  • Sistema General de Regalías (SGR). Los proyectos de inversión pública enfocados en cambio climático pueden financiarse con el 1% del presupuesto de regalías para ciencia, tecnología e innovación, los rendimientos financieros, los fondo de desarrollo regional, compensación regional, pensiones territoriales y PAZ
  • Pago por servicios ambientales. Incentivo que se reconoce a los poseedores u ocupantes del territorio por acciones de preservación y restauración en ecosistemas estratégicos (DNP, 2018). Se deben formular proyectos tipo contra deforestación, degradación, conflictos de uso del suelo y sistemas productivos no sostenibles
  • Mercados voluntarios de carbono. Comercialización de reducciones de emisiones. Los proyectos del mercado voluntario deben verificar las emisiones reducidas
  • REDD+. Pago por resultados de iniciativas que busquen reducir las emisiones debidas a deforestación y degradación forestal, conservar o incrementar las reservas forestales de carbono y promover una ordenación forestal sostenible
  • Fondo Colombia Sostenible. Apoya la ejecución de proyectos y programas que permitan consolidar la paz con sostenibilidad ambiental. Apoya principalmente a territorios afectados por la violencia y ricos en biodiversidad en los temas de desarrollo rural sostenible, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades
  • A través de las Corporaciones Autónomas Regionales, pueden acceder al Fondo nacional ambiental, que apoya proyectos de corporaciones, institutos de investigación y grandes centros urbanos, y al Fondo de compensación ambiental, que beneficia proyectos de cambio climático de las 15 corporaciones con menor presupuesto vigente
  • Créditos bancarios. Créditos de bancos comerciales con líneas sostenibles, como Bancolombia, Banco Agrario y Finagro
  • Bancos de desarrollo. Incluye bancos como Findeter, especializado en planeación, estructuración, financiación y asistencia técnica en proyectos de infraestructura, y la Financiera de Desarrollo Nacional, especializada en financiar y estructurar proyectos de infraestructura vial, aérea, fluvial, marítimo, energética y social
  • Sector privado. Aliado estratégico en la consecución de recursos y en la implementación de las acciones. Incluyen las empresas presentes en el territorio
  • Instituciones de investigación y universidades. Brindan apoyo y asistencia técnica en la planeación e implementación de las acciones. Esta categoría incluye ONGs que trabajan temas de sostenibilidad y medio ambiente

Fuentes de financiamiento internacionales

  • Cooperación internacional y fondos. Financiación de proyectos y programas de cambio climático. Los recursos provienen de fuentes como el Fondo Verde del Clima (GCF), el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), el Fondo de Adaptación (FA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF)
  • Sector privado. Aliado estratégico en la consecución de recursos y en la implementación de las acciones. Para acceder a los recursos, pueden utilizarse mecanismos de financiamiento climático, como bonos verdes, que requieren de una verificación del proyecto o de sus activos como verde

Paso 3

Definir acciones en la programación estratégica del Plan de Desarrollo

Las medidas de cambio climático no deben ser vistas como acciones individuales, sino como un enfoque de desarrollo que debe verse reflejado en los diversos sectores de la economía.

La programación estratégica define el escenario ideal de desarrollo sostenible previsto para la entidad territorial en el largo plazo. En dicho escenario, se deben ver reflejadas las acciones a través de las cuales la nueva administración afrontará los desafíos que representa el cambio climático desde las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible. 

 

Una formulación estratégica de las acciones de cambio climático y gestión del riesgo incluye:

  • Formular y priorizar objetivos. Priorizar las medidas de mitigación y adaptación que contrarresten mayores emisiones y permitan reducir los mayores riesgos.
  • Agrupar los objetivos en ejes estratégicos. Incluir los objetivos priorizados en los ejes estratégicos de cada una de las dimensiones del desarrollo.
  • Estructurar programas. Definir programas para cada eje estratégico, precisando los cambios que se quieren generar. Los programas deben ser costo-eficientes y representar un beneficio para toda la población.

Para definir las acciones que se incluirán en la programación estratégica del Plan de Desarrollo

  • Partir del diagnóstico de la entidad territorial, otros referentes de visión territorial y los aportes de la comunidad.
  • Analizar el portafolio de alternativas que pueden promover la gestión del cambio climático en diferentes sectores del territorio. El portafolio de alternativas puede incluir acciones de mitigación, adaptación y gestión del riesgo tanto por separado como en conjunto. Se deben tomar decisiones sobre su factibilidad técnica y financiera.
  • Analizar de manera integral la situación actual de cada dimensión y/o sector de desarrollo bajo la lupa de la gestión del cambio climático, con el propósito de hallar posibles interrelaciones, puntos de coordinación y finalmente las opciones de las que dispone la administración pública territorial.
  • Revisar dentro de las alternativas si la entidad territorial tiene la competencia legal para adelantar una determinada solución y si es compatible la inclusión de algún criterio asociado a la gestión de cambio climático (Principales referentes: Ley 715 de 2001, Ley 1176 de 2007 y Ley 1931 de 2018).
  • Priorizar un conjunto de alternativas-objetivos viables y elegibles en orden de prioridad, mediante la definición de criterios de evaluación asociados con el diagnóstico del municipio, incluyendo su contexto de cambio climático.